Foto: Joaquin Gómez Sastre

Nos rodea aunque no queramos aceptarlo. Leemos cada día su nombre, sus alias y apodos, en titulares y rótulos que a menudo pasan desapercibidos. Ignoramos su presencia como la de un sintecho que nos pide una limosna. Como el que se hace el sordo al oír una crítica o el que esquiva a un repartidor de propaganda. Sabemos que está ahí, pero cruzamos los dedos para que no nos vea. Para que piense que no la oímos, que no nos interesa lo que tiene que contarnos y que no tiene nada que ver con nosotros. Pero un día no queda más remedio que soltar la calderilla del bolsillo, entonar el mea culpa o coger el menú del restaurante chino de turno. Tarde o temprano, nos toca lidiar con la muerte. Su realidad nos golpea y, junto a la amargura del adiós al ser querido, llega algo sin lo que el ser humano parece incapaz de vivir: la ritualidad de la despedida.

El coste de morirse

Dicen que nadie puede ponerle precio a la vida de una persona pero, ¿y a su muerte? Unos 3.500 euros de media cuesta el fallecimiento de cada español a sus familiares o personas cercanas a la hora de correr con los inevitables gastos funerarios. Esquelas, velatorio, funeral, entierro y demás trámites no sólo suponen una dolorosa carga emocional, sino también económica. Una carga que no se ha visto rebajada de forma significativa por la crisis global que parece haber influido en la gran mayoría de los sectores. De hecho, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aseguran que su estudio de 2008 sobre el coste de la muerte en España se mantiene totalmente vigente tres años más tarde.

Autor: Joaquín Gómez Sastre

Gran parte de los 3.492 euros que tenemos que desembolsar para despedirnos de un ser querido se van en el ataúd, con un precio medio de 1.202 euros en un servicio tradicional y de 1.073 si va a ser incinerado, si bien en este caso deberíamos sumar los 140 euros de la urna que contendrá las cenizas del fallecido y los 304 del proceso crematorio. Sin embargo, el resto de trámites son considerablemente más baratos para aquellos que eligen la incineración, quedando el coste final en una media de 3.103 euros, 389 menos, debido en su mayoría al menor coste de tanatorio y lápida y a la elección de un ataúd más básico y menos llamativo.

La Asociación Funeraria de España (Afues) insiste en matizar estos datos, apuntando que un servicio funerario básico, sin incluir unidad de enterramiento (lápida o nicho), decoración de la misma, tasas municipales, flores, etc., no supera los 1.500 euros. Además, añaden que con la nueva Ley de Servicios Funerarios se espera que los costos de estos servicios se reduzcan de forma que, confían, “beneficie a los bolsillos de los ciudadanos”. Esta misma ley regulará los tiempos de espera que los familiares tienen que asumir para realizar las exequias funerarias, acortando distancias con otros países de Europa, especialmente del norte donde los trámites son sensiblemente más cortos. Asimismo se garantizará que el usuario pueda elegir el prestador funerario que quiera, algo que, hoy por hoy, no ocurre en todos los casos en España.

Un informe del año 2010 del propio Ministerio de Economía y hacienda considera que el marco de regulación del sector está “obsoleto”, provocando significativas barreras al acceso de los servicios funerarios. Por un lado, el gran número de autorizaciones y requisitos exigidos en estos casos forman obstáculos que dificultan la entrada de nuevos operadores en el mercado y dificultan la competencia. Por otro, las compañías de seguros de decesos intervienen con sus restricciones en el acceso a la oferta del sector.

La dictadura del seguro de decesos

Los datos de la OCU muestran que un 63% de los fallecidos poseen un seguro de decesos que cubre la totalidad de los gastos funerarios en el 90% de los casos, sin embargo no es esta una práctica precisamente recomendada por la organización. Este tipo de seguros, relativamente común en España pero poco frecuente en países de nuestro entorno, resulta a primeras una opción cómoda y tentadora para restar preocupaciones una vez llegado el duro trago, pero a la hora de la verdad se descubre como poco rentable. Según la OCU, el valor acumulado de las primas pagadas supera ampliamente los costes reales. Además, en una de cada tres ocasiones la contratación de este tipo de seguros obliga a recurrir a los servicios de una funeraria marcada por la aseguradora. Según Afues la libre elección de prestador funerario supone una de sus grandes reivindicaciones y el principal punto negativo de este tipo de seguros, algo que deberá resolver la Ley de Servicios Funerarios. La asociación llega a denominar “impuesto revolucionario” al pago adicional que tiene que acometer aquel que quiera contratar los servicios de una empresa ajena a la marcada por la aseguradora, criticando a su vez la permisividad de la administración como posible y presunto interés de parte.

Con todo, el hecho de que la mayoría de los gastos, o bien un alto porcentaje de los mismos, queden cubiertos por el seguro sitúa el grado de satisfacción en un 74%. Como alternativa al seguro de decesos encontramos el seguro de vida que, sin embargo, no cuenta con percepción inmediata del importe.

En caso de no contar con la protección de cualquiera de estos seguros, los familiares serán los encargados de buscar la funeraria que mejor se adapte a los deseos del fallecido y a sus bolsillos. Pese a que hoy en día la práctica totalidad de estas empresas realizan de forma integrada todos los trámites sin necesidad de que el cliente recurra a terceros, la satisfacción general con las funerarias se quedan en el 49%, dato que aumenta hasta el 63% en la Región de Murcia y que baja hasta el 39% en Catalunya. Como principal inconveniente encontramos la falta de información. Tan sólo en un 36% de los casos las funerarias facilitan a los familiares un presupuesto detallado del coste de sus servicios y, de hecho, la mayoría de las veces, un 37%, siquiera existe una estimación del gasto final.

Mejor parados resultan los tanatorios, un servicio hoy en día imprescindible dado que apenas en el 9% de los casos este ritual se realiza en casa del fallecido. El 74% de los encuestados por la OCU quedaron satisfechos con el trabajo realizado en el tanatorio, independientemente de sí este es privado o público. Este factor tampoco afecta a la calidad o coste del servicio ofertado, similar en ambos casos. La eficacia, discreción y disponibilidad horaria son los puntos mejor valorados por sus usuarios, mientras que la ausencia de comida y bebida es el punto más criticado. Asimismo, el grado de satisfacción varía considerablemente entre Comunidades Autónomas, pasando del 65% de Castilla y León al 86% de Euskadi y Aragón o el 87% de Murcia.

La OCU apunta también a la importancia de aclarar al núcleo familiar nuestras preferencias y deseos de cara a la contratación de estos servicios. Sólo el 6% de los fallecidos dejan por escrito cómo desea despedirse de este mundo, mientras que un 57% lo hace de palabra y un 36% directamente no deja indicación alguna. Esto supone un importante obstáculo para los encargados de realizar los trámites y, según apunta la organización, es motivo de más de una disputa familiar.

La elección del cementerio también resulta primordial, optándose en un 71% de las ocasiones por comprar la sepultura o nicho y en un 22% por adquirir una concesión. En caso de que esta sea por pocos años, se reduce la posibilidad de elegir cementerio. Sin embargo, apenas el 46% de los encuestados queda satisfecho con el camposanto seleccionado. La escasa protección de las tumbas y los destrozos ocasionales son el principal motivo de una cifra tan baja, que en el caso de Murcia o Catalunya cae por debajo del 32%.

Contrasta por tanto el punto de vista de los expertos, que parecen coincidir en la necesidad de mejorar especialmente los precios del sector y la libertad de acceso a los servicios que deseemos, con la opinión global del consumidor, generalmente satisfecho con el resultado.